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Tras la polémica suscitada por el intento de denuncia del ex director de las SAS de la aseguradora Asisa, la Junta de Andalucía ha acordado respetar la legislación en materia de incompatibilidades hasta el punto de configurar la que, según la Junta de Andalucía, es «una de » el más restrictivo» a nivel nacional. Cualquier carga elevada que la administración autonómica tendrá que solicitar durante los dos años siguientes una información a Inspección General de Servicios lo que determina es si se participa directa o indirectamente en el proceso de toma de decisiones sobre un contrato o si es conveniente que se constituya la empresa. Si esto sucede, tendrás que darte cuenta. Y si no lo hace o no presenta la solicitud, se le extenderá una sanción que puede implicar la devolución total de todos sus salarios como carga pública.
El Consejo, a través de la Consejería de Justicia y Función Pública, reaccionó así ante la “brecha en el sistema de control” detectada en el caso del intento de tutela al exgerente SAS Miguel Ángel Guzmán para la aseguradora Asisa. La nueva legislatura se dictará mediante ley el decreto que tendrá doble efecto. Por un momento, entrar en vigor en forma inmediata y evitar la posibilidad de recalentamiento en nuevos casos en aquellos en los que se reacciona al debate de disolución. Por otro lado, informará al ex subconsejero de Salud que hasta diciembre de 2025, cuando haya cumplido dos años de su actividad, tenderá a adaptarse a esta norma y solicitará, por tanto, información sobre incompatibilidades antes de su incorporación como consejero. . de cualquier empresa privada. De esta forma, la Junta de Andalucía asegura mantener el control sobre la futura incorporación al sector privado de quien abre el debate sobre la situación de incompatibilidades en Andalucía en un entorno tan delicado como el sanitario.
El concejal de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, afirmó en primer lugar que el nuevo decreto ley que modifica la ley del año 2005, concreta los supuestos que generan una incompatibilidad. Así, cualquier ex alto funcionario estará condicionado a pagar a una empresa privada si durante su ejercicio, un superior o un subordinado participó en una información, un contrato o cualquier relación con la empresa, así como si participó en una votación. . quiénes se beneficiarán de este aprendizaje. No será incompatible, sin embargo, ejercer funciones de alto nivel en una negociación o acuerdo con una empresa cuando se desarrolle en una mesa de negociación conformada por funcionarios o respondiendo exclusivamente al criterio de información técnica.
Será información preceptiva de la Inspección General sobre lo que determinará si se produce o no esta incompatibilidad en el contrato. Entonces, a partir de ahora, será Obligatorio para la antigua carga alta. Recuerde esta información de incompatibilidad y deberá tener cuidado con lo que pueda resultar antes de firmar cualquier contrato.
Si no solicita información de autorización o no cumple con las conclusiones, automáticamente se le aplicará un régimen de sanciones que establecerá la restitución de los salarios obtenidos en el ejercicio de su función pública. Para la empresa que ha firmado un contrato no está previsto sanciones En esta legislación, sin embargo, se producirá de forma automática ya que determinará la existencia de una incompatibilidad que afectará su participación en procesos públicos como la Ley de Contratos.
Este cambio normativo, en cualquier caso, es un primer decreto legislativo de un procedimiento que estaba previsto de forma más amplia. «El objetivo es uno regulación completa, consensuada y general que regula las incompatibilidades de cargas elevadas”, explicó Nieto. En este sentido, será el consenso de los grupos políticos el que decidirá si posteriormente se aprobará como decreto legislativo o como proyecto de ley para que la nueva legislatura completa pueda estar vigente hasta finales de este año o el próximo. .
Esta nueva legislación pretende incorporar otras cuestiones como la ampliación del plan de cese que en este momento se ha fijado en un mes durante un año de trabajo con un máximo de cuatro meses. De esta forma, aunque la incompatibilidad se resuelva en dos años, la indemnización por el sistema de rescisión se establece en lugar de cuatro meses.
«No queremos relacionar a Andalucía con algo que tenemos que ver con la corrupción», completó el secreto José Antonio Nietoquien respondió que reaccionó con la rapidez del alcalde en el caso del ex director del SAS y apostató por una ley urgente con la esperanza de una transformación completa de un nuevo proyecto de ley.
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