Iberdrola ha concretado la venta de su filial en México por un monto aproximado de 3.700 millones de euros, en una operación que marca un giro estratégico en sus prioridades internacionales. El comprador es el fondo de inversión Cox Energy, que asume ahora el control de una parte significativa del portafolio energético de la empresa en territorio mexicano. Esta transacción representa uno de los movimientos más relevantes del sector eléctrico en América Latina en los últimos años.
La venta comprende un total de 13 plantas de generación eléctrica, con una capacidad instalada combinada de más de 8.500 megavatios. De estas instalaciones, la gran mayoría operaba bajo esquemas de Productor Independiente de Energía (PIE), en asociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que había generado fricciones con el gobierno federal por el modelo de participación privada en el sistema eléctrico mexicano.
Con esta venta de activos, la compañía energética global pretende enfocarse en áreas donde sostiene operaciones estratégicas de redes y energía renovable, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido. Estos dos países representan hoy en día sus principales proyecciones para el futuro, alineándose con las metas de descarbonización y actualización de infraestructuras eléctricas que impulsan las administraciones correspondientes.
La estrategia tiene lugar en un contexto de presión ascendente por parte del gobierno mexicano para retomar el control del sistema eléctrico nacional. A pesar de que la administración ha afirmado que se mantienen los contratos existentes con compañías extranjeras, también ha subrayado su intención de reforzar la presencia estatal mediante la CFE. En este contexto, la retirada parcial de Iberdrola ha sido vista como una respuesta práctica a la complejidad del entorno normativo y político del país.
Desde una perspectiva financiera, la venta representa un significativo ingreso de fondos para la empresa que vende, permitiéndole usar ese capital para consolidar su expansión en áreas de redes inteligentes, almacenamiento y energías renovables. Este grupo había estado expresando en los últimos años su deseo de reorientar inversiones hacia proyectos que aumenten su rentabilidad y contribuyan directamente a la transición energética.
Por su lado, Cox Energy desempeña una función importante en el ámbito energético de la región, aumentando su participación en el mercado mexicano con activos en funcionamiento y contratos establecidos. El fondo, que tiene raíces iberoamericanas, ha estado creciendo rápidamente en América Latina, sobre todo en las áreas solar y eólica, y ahora toma una decisión crucial al transformarse en uno de los operadores eléctricos más destacados del país.
En el ámbito político, esta transacción ha provocado impactos significativos. El gobierno la ha elogiado como un paso adelante hacia una mayor “soberanía energética” al disminuir la participación de compañías extranjeras en la producción eléctrica. Representantes gubernamentales señalaron que, aunque la entidad compradora es privada, la estructura de los contratos permite una mejor alineación con las metas nacionales en cuanto a seguridad energética y tarifas accesibles.
Los expertos en el sector creen que esta transacción indica una tendencia mundial donde las grandes empresas de energía están ajustando su presencia global, enfocándose en mercados con estabilidad y normativas predecibles. De este modo, Estados Unidos y Reino Unido se destacan como ubicaciones estratégicas para empresas como Iberdrola, que persiguen escenarios favorables para expandir redes avanzadas e incorporar energías limpias.
A pesar de la salida parcial del mercado mexicano, la compañía no abandona por completo sus operaciones en el país. Mantendrá activos menores y continuará participando en ciertas áreas, aunque con un enfoque distinto y menos dependiente de los grandes contratos institucionales. Esta redefinición de estrategia responde tanto a razones políticas como económicas, al buscar una mayor eficiencia en la asignación de recursos globales.
